El Marco Jurídico para la Paz quedará en manos del
Congreso de la República para el desarrollo de los parámetros de una Ley
Estaturaria.
Foto: innovacionatl.com
El
Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, informó en la mañana
de este jueves, que la Sala plena del ente tomó la decisión de declarar
exequible el Marco Jurídico para la paz, con 8 puntos que reglamentan la justicia
transicional, ante un posible acuerdo de paz con el grupo insurgente de las
FARC.
La
Corte determinó que existe “un pilar fundamental de la Constitución que
consiste en el compromiso del Estado social y democrático de derecho de
respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas”.
A
través de la aprobación de la base para la paz, ante un posible acuerdo con las
FARC, la corte constató que la reforma introducida partió “de la base de que
para lograr una paz estable y duradera es necesario adoptar medidas de justicia
transicional”.
La
Corte estimó que a través de ellos es posible modificar la estrategia de
juzgamiento “caso por caso”,
tradicionalmente utilizada por la justicia ordinaria, y, en su lugar, acudir a
un sistema que permite agrupar las graves violaciones de derechos en “macroprocesos”, e imputarlas a
sus máximos responsables.
Finalmente,
la Corte fijó los siguientes parámetros, para que estos sean analizados por el
Congreso de la República ante la posibilidad de expedir la ley, que desarrolle
en su totalidad el Marco Jurídico para
la Paz:
1.
Para la Corte, el pilar esencial que impone al Estado el deber de respetar,
proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, exige que
todas ellas tengan, como mínimo, las garantías en la transparencia del proceso
de selección y priorización, una investigación seria, imparcial, efectiva, el
derecho a la verdad, el derecho a la reparación integral y el derecho a conocer
dónde se encuentran los restos de sus familiares.
2. Para que sea aplicable el Marco Jurídico
para la Paz, la Corte estableció que es necesario exigir la terminación del
conflicto armado respecto del grupo desmovilizado colectivamente, la entrega de
las armas y la no comisión de nuevos delitos en los casos de desmovilización
individual.
3. En el Marco que busca establecer la paz,
se deberá investigar y juzgar grave violación a
los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y al Estatuto de
Roma, que sean constitutivas de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes
de guerra cometidos de manera sistemática e imputarlas a sus máximos
responsables.
4.
En el documento aprobado este miércoles, deberá priorizarse la investigación y
sanción de los siguientes delitos: ejecuciones extrajudiciales, tortura,
desapariciones forzadas, violencia sexual contra la mujer en el conflicto
armado, desplazamiento forzado y reclutamiento ilegal de menores, genocidio o
crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.
5.
Para la corte, el articulado de la Ley Estatutaria deberá ser respetuoso de los
compromisos internacionales contemplados en los tratados que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y
en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.
6.
La Ley Estatutaria que estará en manos del Congreso, deberá determinar los
criterios de selección y priorización de cada uno de los casos.
7.
Según lo estableció la Corte Constitucional, para que procedan los criterios de
selección y priorización, el grupo armado deberá contribuir de manera real y
efectiva al esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación
de los secuestrados y la desvinculación de todos los menores de edad.
8.
Se debe garantizar la verdad y revelación de todos los hechos constitutivos de
graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario, a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la
Comisión de la Verdad.
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