30 de abril 2014
El Procurador se expresó de esta manera, ante proyecto de ley que busca modificar las facultades de inhabilidad al ente de control.
Foto: Sergio Ángel K. - EVC
El Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez, expuso su posición en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, ante el proyecto de ley que pretende retirar la facultad de inhabilidad o muerte política a funcionarios públicos a través de la Procuraduría y remitirselo a los jueces penales, quedando el estamento con sólo la posibilidad de destituir.
"Se estaría gestando un majestuoso fuero de impunidad" dijo durante la ponencia en la cual, Ordóñez expuso los fundamentos para no retirar la facultad de inhabilitar a funcionarios en sus diferentes ramas.
Agrega que él fue crítico del sistema actual pues el código disciplinario establece una 'desproporcionalidad' que radica en que las faltas 'gravísimas', están establecidas entre el mínimo de 10 y 20 años. "Hay que modificarlo porque que es 'talibanesco'", sostuvo Ordoñez.
Agregó el Ministro Público, que se reunió además con estamentos como el Concejo de Estado, el Ministro de Defensa y Personeros para analizar las competencias que están dispuestas por la ley y las modificaciones a ejecutar.
"Es necesario modificarlos pero sin apasionamientos. Modificar las facultades no afectaría al Procurador, afectaría al Estado de derecho".
En medio de la polémica también expresó que las competencias sancionadoras e inhabilitantes tienen 'suficiente sustento Constitucional', haciendo referencia a mecanismos como la doble instancia en casos de modificación o ratificación de los procesos.
"No fue el procurador quien aprobó el sistema disciplinario y a mi me tocó aplicar la ley como estaba. Yo hice una crítica al control disciplinario cuando ingrese a este cargo, es necesario aproximarse a la dosificación de la pena a ejecutar" concluye el Procurador.
Al respecto el Congresista del partido Cambio Radical, German Varón, manifestó que las inquietudes frente a las facultades de la Procuraduría surgieron a partir del caso del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro y no por otras inhabilidades ejecutadas por Ordoñez, las cuales sí fueron celebradas. "No puede ser al van y ven las modificaciones a ejecutar. Qué repercusiones tendría en 11 mil inhabilitados entonces".
Varón agrega que la ley no debe entrar en estado de contradicción entre laxo y estricto, además de que recargar estas facultades a los jueces pondría aún más difícil las funciones del sistema judicial.
"No veo a los jueces penales administrando estas facultades. Ni siquiera pueden proceder con la carga laboral que tienen, difícilmente podrían añadiéndole más funciones."
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